Designación del TSJ: el intento fallido de actores civiles y el impacto en ruta 2024

Un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dominado por 12 magistrados ratificados de la gestión anterior y exfuncionarios ligados al chavismo fue el producto de la selección que se hizo desde la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Algunos miembros del Foro Cívico (no el pleno) intentaron influir para la designación de una cabeza del Poder Judicial ajustada a la Constitución, pero analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que desde el inicio de proceso, lucía bastante improbable que Miraflores cediera dado lo que el TSJ representa para la preservación del poder.

 Blindaje

 «Siempre fue un tema interno del Psuv, de poder. El TSJ es una instancia demasiado importante para la vida institucional del país (…) La conformación lo dice todo, absolutamente leal a los factores de poder que lideran Maduro-Cabello y partidista, para impedir cualquier decisión que implique un riesgo para Maduro», sostiene el politólogo Piero Trepiccione.

 El analista político Daniel Varnagy, por su parte, también subrayó que el máximo tribunal de la República es un instrumento importante para el avance del proyecto hegemónico del gobierno de Nicolás Maduro; por lo tanto, desde la lógica del Psuv, había que «blindarlo» a favor del sistema político.

 Tanto era un tema del Psuv y de la redistribución del poder en el TSJ, que luego de llevar el proceso a marcha acelerada, la AN de 2020 quitó el pie del acelerador y difirió por un mes (25 de marzo al 26 de abril) el nombramiento de 20 magistrados principales y 20 suplentes y no porque se estuviera «negociando» con sectores de la sociedad civil. En el ínterin, el diputado Pedro Carreño afirmó que el TSJ todavía vigente, bajo el mando de Maikel Moreno, «era un desastre total».

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Trepiccione recuerda que Moreno junto a otros altos funcionarios como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Hernández Dala, fueron vinculados al intento de insurrección del 30 de abril de 2019. Para entonces se dijo que estaban de acuerdo con que «Maduro debía irse» pero al momento de actuar dieron un paso atrás.

 Moreno fue ratificado como magistrado de la Sala Penal, aunque sin funciones de dirección y Gladys Gutiérrez regresó a la presidencia del TSJ.

 Intento fallido

 Desde que integrantes del Foro Cívico admitieron que postularían nombres al TSJ, dijeron estar conscientes de que habría más obstáculos que con el nombramiento del Consejo Nacional Electoral.

 «En el caso del CNE había un canal político, en este caso el canal no está configurado pero hay contactos informales (con el Gobierno nacional), por lo que se requiere más trabajo para abrir ese espacio (un TSJ más amplio)», declaró en su momento la vocera de la ONG Dale Letra, Mariela Ramírez.

Recibieron numerosas críticas por parte de sectores de la oposición por «avalar» el proceso pero aún así continuaron hasta el final. Propusieron como magistrados a los abogados Andreina Eliana Ibarra de Carlo, Arturo Rafael López Masso, Clotilde Josefina Condado Rodríguez, Elías Bitar Rubén Escalona, ​​Eloína Teresa Pérez Di Giácomo, Helly Gamboa Olivares , Luis Emilio Rondón González, Nayibe Eloína Chacón González, Nelson Rafael Riedi, Rafael Chavero Gazdik, Renée Moros Tróccoli, para once en total. 

De los propuestos, solo Elías Bitar (exasesor jurídico de RCTV) y Luis Emilio Rondón (exrector del CNE) superaron el filtro. El primero como magistrado principal de la Sala de Casación Social y el segundo como suplente en la Sala Político Administrativa. Vista la conformación final del Tribunal, el Foro se pronunció para advertir que el «nuevo» TSJ no responde a la independencia judicial que requiere el país.

 «Los integrantes del Foro Cívico actuaron a título individual, no son un partido ni tampoco representan a toda la sociedad civil, de hecho algunos sectores se mostraron contrarios a la iniciativa, por lo que ese intento autónomo tuvo sus riesgos. Al final el sistema hegemónico se afianzó y con ello la desconfianza hacia las instituciones, incluyendo a la oposición», señala Varnagy.

 Indicó que a diferencia del CNE que tiene un componente humano pero también tecnológico, el TSJ se basa solo en las decisiones de sus integrantes.

 Ni presencia de la CPI influyó

 En plena discusión sobre la conformación del TSJ, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan visitó Venezuela y tras reunirse con Maduro anunció la instalación de una oficina del organismo en Caracas como parte de la investigación formal que adelanta contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril de 2017.

 Los actores civiles participantes apostaron a que en su intento de demostrar que está dispuesto a reformar el sistema para garantizar justicia y frenar la investigación, Miraflores abriría espacios para más juristas independientes en el TSJ.

 Tanto Trepiccione como Varnagy afirman que el tema de la CPI no representa para el chavismo una amenaza para su permanencia en el poder, de allí que no influyó en la composición del Tribunal.

 «Es nulo lo que puede hacer la CPI para cambiar un sistema hegemónico y el Gobierno lo sabe», dice Varnagy.

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Estrategia y unidad opositora

Otra coincidencia entre los analistas políticos es que el impacto de este retroceso en la conquista de garantías democráticas en la ruta hacia las presidenciales de 2024 dependerá de la estrategia y unidad opositora.

¿Cómo hará la oposición para convencer a la gente de votar en un proceso organizado por un CNE en el que no confía y ante un TSJ capaz de interferir?

 El Observatorio Electoral Venezolano llamó la atención sobre la nueva integración de la Sala Electoral del TSJ, la cual quedó presidida por Caryslia Beatriz Rodríguez, mientras que Fanny Márquez, magistrada ratificada, es la vicepresidenta, más Inocencio Figueroa antes magistrado de la Sala Político Administrativa.

De Rodríguez, el Observatorio destacó que fue presidente del Concejo Municipal del Municipio Libertador por el Polo Patriótico (alianza del chavismo) y alcaldesa encargada de Caracas -tras la renuncia de Erika Farías en agosto de 2021- y claramente identificada con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Recordemos que en Barinas se judicializó el proceso electoral con la anulación de la elección del gobernador del 21 de noviembre por parte del TSJ, pero la oposición se puso de acuerdo y superó obstáculos como las inhabilitaciones y logró nuevamente la victoria el 9 de enero. Es el mejor ejemplo de que sí es posible», responde Trepiccione.

Pronunciamiento del @ForoCivicoVzla
Nuevo Tribunal Supremo De Justicia no responde a la independencia judicial que requiere el país.
Ratificación de 11 magistrados apunta al continuismo de la ocupación política del Poder Judicial pic.twitter.com/0nngng02mA

— Foro Cívico (@ForoCivicoVzla) April 30, 2022

 El politólogo admite que lo ocurrido con el TSJ genera un efecto negativo en la ciudadanía en términos de confianza, pero asegura que si la oposición canaliza el descontento y articula esfuerzos con los distintos sectores, la gente se animará a participar una vez más a favor del cambio político.

 «Dependerá de que los partidos políticos entiendan la lección, se renueven a lo interno, renueven sus liderazgos y no presenten a los mismos nombres que ya fallaron en estrategias pasadas. Habrá obstáculos pero la sociedad civil está buscando representatividad y alternativas para el cambio de sistema», añadió Varnagy.

 

 

 

 

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