Provea recomienda al gobierno fortalecer programas alimentarios para atender emergencia humanitaria

Provea recomienda al gobierno fortalecer programas alimentarios para atender emergencia humanitaria

Entre las cinco recomendaciones que hacen Provea y la FIDH se encuentran:

Facilitar la acción humanitaria de las organizaciones nacionales e internacionales, abriendo espacios de encuentro y trabajo conjunto para fortalecer el plan de respuesta humanitaria, que debe ampliarse para atender a la población bajo tutela del Estado, especialmente la población penitenciaria. Esto requiere del cese de la criminalización, entre otros obstáculos que limitan la acción inmediata para recuperar a la población vulnerable y prevenir su deterioro.
Trabajar en conjunto con el sector privado y la sociedad civil para favorecer el diálogo y reactivar el sistema alimentario incluyendo políticas que impacten la producción de alimentos, el mercado alimentario y políticas sociales que fortalezcan el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada. Impulsar políticas que promuevan nuevas fuentes de empleo que permitan elevar sustancialmente los salarios, que aseguren a la población contar con ingresos mínimos para la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población. En el contexto de la reanudación de las negociaciones, se hace un llamado a que se priorice la mesa social que había sido acordada en el proceso de negociación iniciado en México.
Garantizar un acceso permanente y de calidad a servicios sanitarios, de agua segura, saneamiento, electricidad y gas doméstico, necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos, una adecuada nutrición y unas condiciones de vida saludables.
Diversificar los programas en alimentación y nutrición y sectores afines, incluyendo transferencias monetarias cónsonas con el costo de la canasta alimentaria y los servicios básicos, además de fortalecer los programas alimentarios oficiales vigentes. Estos programas deben contar con la debida transparencia en la gestión que permita el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.
Reactivar las funciones del Sistema Estadístico Nacional de forma tal que permita conocer la situación de la seguridad alimentaria y nutricional e identificar la población con mayor vulnerabilidad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, las embarazadas y madres en lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad, priorizando también el área geográfica donde se encuentran.

El informe señala que el Estado ha incumplido con sus obligaciones al no publicar cifras sociales o económicas, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Nutrición se dejó de publicar la información del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Sisvan) desde 2008 y la Hoja de Balance Alimentos no se publica desde 2012. El Instituto Nacional de Estadística ha dejado de publicar la encuesta de seguimiento al consumo de alimentos desde el año 2015 y se publicaron las estimaciones oficiales de pobreza según ingreso hasta ese mismo año. El costo de la canasta alimentaria normativa solo se publicó hasta septiembre de 2014.

“La consecuencia de la opacidad oficial en los temas sociales y alimentarios es que no se cuenta con información oficial sobre las condiciones de vida de la población o su situación alimentaria. Por ello, cada vez más los organismos multilaterales y el plan de respuesta humanitaria deben basar sus intervenciones en las cifras que produce el sector académico como la Encovi, o las que producen las organizaciones humanitarias como Cáritas”, se lee en el documento.

Las organizaciones también hacen recomendaciones a la comunidad internacional, como por ejemplo, “revisar exhaustivamente” las sanciones financieras impuestas a Venezuela. “Se requiere que estas prevean de forma expresa excepciones frente a transacciones destinadas a fines humanitarios. Las sanciones sectoriales que limitan el acceso a combustible y otros factores esenciales para la producción y distribución de alimentos deben ser revocadas”.

Provea y la FIDH piden a los Estados que en el seno del Consejo de Derechos Humanos se exhorte al Estado Venezolano a honrar su ofrecimiento de acoger la visita a 10 relatores de los procedimientos especiales, entre los que se incluya al Relator sobre el Derecho a la Alimentación y al Relator sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.

La investigación resume varias políticas adoptadas por los gobiernos de Chávez y Maduro que a su juicio contribuyeron a provocar la emergencia humanitaria compleja. Entre las medidas que enumeran citan los controles de precio desde 2014, la fiscalización y control de los alimentos, incluyendo la criminalización de ciertos productores y comerciantes, lo que derivó en un aumento de la escasez y la inseguridad alimentaria de los hogares del país.

“Todo ello constituye una violación por parte del Estado Venezolano de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada, ya que estas medidas y políticas públicas tomadas en su conjunto han tenido el efecto de dificultar el acceso a alimentos para una gran parte de la población”, apuntan.

«Para Provea y la FIDH las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela no han sido las causantes de la emergencia humanitaria compleja. No obstante, señalan que “las sanciones han tenido un efecto catalizador que, ha empeorado condiciones preexistentes, y en otros, ha producido efectos no intencionales”.

El Informe de seguimiento sobre los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con la pandemia de COVID-19 elaborado por Hum Venezuela en junio de 2021 revela que para ese año cayó en 90 % el suministro de agua que se distribuye a través de la red de acueductos; 70 % de la población afronta deficiencias en el servicio de agua potable, 54,8 % tiene restricciones severas en el servicio y 82 % está expuesta al consumo de agua no potable.

En cuanto al servicio eléctrico, Hum Venezuela advirtió que la generación ha caído 74 % por lo que, durante 2021, se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2 % de la población. La escasez de bombonas de gas para cocinar también obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña.

Privados de libertad en riesgo

El informe pone en la mira la situación en los Centros de detención preventiva en las dependencias policiales, puesto que estos calabozos deberían albergar a los detenidos solo hasta ser presentados ante un juez en la audiencia de presentación, razón por la cual no cuentan con presupuesto o infraestructura para la preparación de alimentos.

“En ambos tipos de centro de reclusión la fuente principal de alimentación de los detenidos depende de los familiares en la visita. Esta dependencia de lo que puedan llevar los familiares supone una vulneración a los derechos de los detenidos y a las obligaciones del Estado venezolano; debido a que pone en riesgo a las personas que no tienen familiares y a los que están detenidos lejos del lugar de residencia de la familia”.

La investigación advierte que la situación de la población penitenciaria en Venezuela se agravó más de su precariedad habitual a partir del año 2020. “En estos casos, el Estado también tiene la obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación ya que esta población no puede hacerlo por sus propios medios. Esta obligación no está siendo cumplida y se ha transferido a los familiares, empobrecidos como el resto de la población. El resultado ha sido un deterioro palpable de las condiciones de la población bajo tutela del Estado sin que se tomen medidas de alguna índole para mitigar los daños”.

La abogada Jimena Reyes dijo durante la presentación que el deterioro del Estado venezolano ha provocado graves violaciones al derecho a la alimentación. Además, indicó que las denuncias de corrupción dentro del programa de alimentación –Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap)– hasta ahora no ha generado ni la primera investigación por parte de las autoridades venezolanas, pese a que en varios países hay averiguaciones y EE. UU. está detenido el principal contratista del gobierno en los Clap, Alex Saab.

En 2016 el gobierno de Maduro creó los Clap concebido inicialmente como una medida transitoria debido a la fuerte escasez de alimentos que había entonces, pero luego se convirtió en una política bandera. Según Provea entre 50 % y 80 % de la población está inscrita en los Clap, un programa que a menudo es criticado por la población debido a la mala calidad de la comida.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, invitada a la presentación del informe recordó que desde el año 2002 hacia ahora el Estado estaba afanoso de establecer medidas alrededor de la alimentación, pero lejos de ser beneficiosas para la población, apuntó que estas terminaron por ser regresivas y no efectivas.

«La obligación del Estado de velar por la alimentación fue totalmente transferida a las familias venezolanas, por ejemplo, la alimentación de privados de libertad, el Estado dejó de ser garante del derecho a la alimentación para convertirse en un distribuidor más de alimentos o un vendedor más de alimentos”, dijo Raffalli.

La investigación concluye que el proceso de deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela ha sido drástico y prolongado. Además, advierten que no existe participación de diversidad de actores en el diseño o la evaluación de las políticas alimentarias. “Los expertos y académicos entrevistados afirman que nunca han tenido oportunidad de presentar propuestas o sugerencias al gobierno. Es decir, la formulación de estas políticas no ha estado abierta a la participación de la sociedad venezolana, especialmente de aquellos sectores que cuentan con mayor experticia para ello”.

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