Organizaciones civiles piden que se renueve mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

Organizaciones civiles piden que se renueve mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

A propósito de que en septiembre de este año se vence el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela, el cual fue prorrogado en septiembre de 2020, representantes de varias organizaciones civiles se reunieron este 15 de marzo para expresar las razones por las cuales consideran que es necesario que se mantenga activo el trabajo de esta misión.

La Misión fue creada en septiembre de 2019 y las renovación de su mandato fue aprobada un año después durante la sesión del 45° periodo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el “fin de que pudiera seguir investigando las violaciones de los derechos humanos cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».

Sobre esta renovación, el Consejo expresó gran preocupación ante la situación de los derechos humanos en Venezuela, que en ese momento ya se encontraba “marcada por un cuadro persistente de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales)”, según reseñó el sitio oficial del Examen de la Organización de las Naciones Unidas Sobre Venezuela.

Para tomar esta decisión también se tomaron en cuenta los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y en otros informes de organizaciones internacionales.

Sin embargo, ante la víspera del vencimiento de este periodo, representantes de Provea, Transparencia Venezuela, Cofavic, Cepaz, Monitor de Derechos Humanos, The Washington Office on Latin America (WOLA) y el Max Planck Institute participaron en el foro “La Misión de Determinación de los Hechos: ¿debería prorrogarse su mandato?», realizado este martes.

Dos informes de peso

El primer informe de la Misión, presentado el 16 de septiembre de 2020, reveló más de 200 casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, los cuales fueron calificados como crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y generalizado.

En el documento, la Misión precisó que desde 2014 han sido continuas las detenciones arbitrarias contra personas por sus opiniones políticas pero, además, varias de estas personas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género.

Concretamente indicaron la responsabilidad del gobernante Nicolás Maduro; el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello; los ministros de Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, respectivamente, y también mencionaron tener una lista de altos funcionarios involucrados en estos hechos. Con esta acusación, exhortaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación y establecer sanciones contempladas en el derecho internacional.

En su segundo informe, que se publicó el 16 de septiembre de 2021, se determinó que existen “motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia” en los últimos años.

El equipo de la Misión aseguró que, al menos, entre año 2015 y 2018, el Poder Ejecutivo envió órdenes a través de mensajes directos al TSJ. Las órdenes fueron enviadas en tres formas, según se lee en el documento.

“A través de mensajes directos a las y los magistrados correspondientes, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores (el palacio presidencial); a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los magistrados”, denunciaron.

Cuatro argumentos para renovar el mandato de la Misión

 Investigar la relación entre la corrupción y la violación de derechos humanos en Venezuela:  Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es una de las pocas investigaciones independientes obre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad de las instituciones de justicia y las cadenas de mando existentes, por lo que es sumamente importante que se mantenga activa.

Además, destacó que también es importante investigar, identificar y visibilizar cómo los intereses económicos del alto gobierno venezolano y la corrupción son la principal causa de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y el manteniendo de la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.

Hizo hincapié en este punto, pues “Identificar la víctima directa de un caso de corrupción en Venezuela es muy difícil» debido a que «la mayoría de los casos de corrupción afectan a la gente colectivamente”.

El efecto de la impunidad: Ronnie Boquier, representante de Cofavic, resaltó que uno de los grandes problemas de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta Venezuela está íntimamente ligada a la impunidad sistemática de las violaciones de derechos humanos, la cual ha sido aceptada dentro del propio seno del sistema de justicia venezolano.

Esta impunidad, informó Boquier, se expresa a través de los retardos injustificados de experticias esenciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales, la no detención o acusación de responsables de estos asesinatos y hasta en amenazas contra los familiares de las víctimas.

Advierte que es necesario que no se abandonen las investigaciones como las que lleva a cabo la Misión sobre Venezuela, pues es una contribución a la reconstrucción de la memoria nacional, lo cual se hace mantener viva la esperanza de que se cumplan los mecanismos de justicia y reparación de las víctimas.

Presión sobre las cadenas de mando: Calixto Ávila, representante de Provea, señaló que la disminución en el número de ejecuciones extrajudiciales durante los últimos años ha coincidido con la ejecución de los mecanismos de monitoreo internacional de derechos humanos.

Por tanto, asegura que puede intuirse que el trabajo de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela ha incidido directamente en salvar la vida de cientos de jóvenes.

“Estos cambios no hubiesen sido posibles sin mecanismos de monitoreo internacional que favorezcan la determinan de responsabilidad del Estado, especialmente de quienes detentan las potestades de la autoridad en el gobierno”, aseguró.

Por lo tanto, Ávila asegura que renovar el mandato de la misión en septiembre de este año permitirá mantener presión sobre las cadenas de mando y los más altos responsables, al tiempo en que este trabajo puede hacer más visible que la intención por parte del Estado de victimizar a la población de sectores populares.

En este sentido, Sara Fernández, representante de Cepaz, agregó que estas investigaciones, las cuales han servido para enviar un mensaje clave al gobierno venezolano de que va existir una determinación de responsabilidad a nivel internacional, han impulsado a las autoridades a tomar decisiones en casos específicos, a pesar de que estas fueran insuficientes.

La importancia de develar patrones de persecución: Sara Fernández, en representación de Cepaz, aseguró que el trabajo realizado por la misión, resumido en sus informes, ayudo a que esta organización pudiera entender los diversos patrones de persecución aplicados por los cuerpos de seguridad del Estado (Sebin, Dgcim, Faes y otros) y por grupos particulares que han sido armados por el gobierno para la persecución y represión de adversarios estatales y miembros de la sociedad civil.

Con esto, Fernández se refirió a que las investigaciones independientes realizadas por la Misión permitieron enmarcar los casos particulares de violaciones de derechos humanos, los cuales ya habían sido documentados por Cepaz, dentro de un patrón de persecución, represión e impunidad mucho más amplio en donde participan diversas autoridades.

Específicamente, destacó que también pudo identificarse la secuencia en la que se desarrollan estos patrones de persecución e impunidad y en cómo el mismo sistema de justicia ha utilizado estos procesos para legitimar las actuaciones de las fuerzas de seguridad.

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